Honduras sería el primer país de Centroamérica en utilizar los juicios virtuales

- También sería el segundo en el uso de grilletes, después de Costa Rica.

- “Si algo hay que resaltar en este Gobierno es el uso de la tecnología en todos los medios posibles para combatir la delincuencia y reducir los índices de violencia”: Dagoberto Aspra.

Tegucigalpa, 11 de agosto.- Honduras sería el primer país de Centroamérica en implementar los juicios virtuales y el segundo, después de Costa Rica, en aplicar el uso de brazaletes electrónicos en privados de libertad como medidas para agilizar la aplicación de justicia.

El jurista internacional y doctor en Ciencias Penales Dagoberto Aspra indicó que el uso de los juicios virtuales y los brazaletes electrónicos representan un avance tecnológico muy importante y positivo en la agilización de los procesos judiciales y la prevención de la violencia.

El uso de dispositivos electrónicos con GPS personales y los juicios virtuales ya está contemplado en el Código Penal y Procesal Penal, aprobado dentro de las reformas que fueron introducidas este año al Congreso Nacional.

“Con el brazalete electrónico el procesado con medidas sustitutivas descongestiona las cárceles, mientras que los juicios virtuales vendrían a acelerar los juicios y reducir la carga penitenciaria”, afirmó el togado.

El uso de brazaletes electrónicos y los juicios virtuales son parte de las propuestas hechas por el presidente de la Republica, Juan Orlando Hernández, como un mecanismo para agilizar los procesos penales, descongestionar las cárceles, ahorrar recursos y darle oportunidad a los procesados de reinsertase en la sociedad.

El politólogo Edgardo Rodríguez expuso que esas medidas no solo vendrán a agilizar la mora judicial y descongestionar las cárceles, sino algo más importante: a darle la oportunidad al procesado a reinsertarse progresivamente en la sociedad cambiando su conducta.

“Los juicios virtuales los veo como un mecanismo de agilización de la justicia, porque, por ejemplo, alguien que esté en Trujillo y el juez en Tegucigalpa, podrá ahorrar tiempo y dinero; se agiliza el proceso judicial y se hace en tiempo real, mientras en el caso de los brazaletes la persona podría defenderse en libertad”, explicó.

Avance tecnológico

Para el politólogo Edgardo Rodríguez estas medidas son positivas porque representan un avance tecnológico en el sistema de justicia; “estamos dando un salto tecnológico en la impartición de justicia”.

Por su parte, Aspra dijo que “si algo hay que resaltar en este Gobierno es el uso de la tecnología en todos los medios posibles para combatir la delincuencia y reducir los índices de violencia, y es algo que se está logrado”.

Mientras tanto, Rodríguez indicó que “vivimos en la era de los medios virtuales y hay que aprovecharlos al máximo; es de provecho para el Estado, para ahorrar recursos y mantener el control de los privados de libertad con medida sustitutivas, así como una oportunidad para el procesado para cumplir su pena en libertad bajo vigilancia dependiendo del delito”.

“En vez de que una persona esté en una cárcel, ya sea que esté siguiendo un proceso o en una etapa de pre liberación, o que esté ocupando un espacio, consumiendo alimentación y seguridad, esta persona estaría fuera bajo control”, expresó el politólogo.

“En cuanto al juicio virtual se garantiza la presencia del imputado a través de una pantalla de una cámara de video, de un audio, desde donde esté recluido, podrá ver lo que está pasando en la sala de juicio y responder en tiempo real las preguntas del juez”, indicó Aspra.

Respecto a los costos, Aspra afirmó que los brazaletes son dispositivos electrónicos con valores aceptables en el mercado; “la tecnología se ha popularizado tanto y hay tantas empresas que ofrecen los servicios, pues son sistemas relativamente baratos”.

“Por otra parte, creo que en algunos casos los procesados con delitos menores que quieran cumplir su pena en libertad deberán comprar el dispositivo”, añadió.

Explicó que en el caso de personas con escasos recursos la defensa pública podría pedir bajo responsabilidad y vigilancia de un abogado o de una institución un brazalete o grillete para el procesado en base a un estudio de trabajo social que indique su capacidad económica.