Ley de Política Limpia sería escudo para que no se vuelva a dar influencia de narcotráfico en el gobierno

En un hecho sin precedentes en la historia política hondureña, el Presidente Juan Orlando Hernández y la MACCIH se sancionó la ley para fiscalizar el uso de los fondos de las campañas electorales en los próximos comicios generales a celebrarse en noviembre de este año, 2017.

La “Ley de Política Limpia” debe dejar de ser un documento bonito y bien redactado, para volverse una acción real de ejecución rápida, advirtió, Delia Ferreira, Consultoría Internacional.

“Estamos diciendo que está en juego Honduras y si hay compromiso por parte de los políticos para firmar este tipo de acurdo y dejar que se le investigue quien le financien las campañas será una hecho único para este país ante el mundo”, expresó.
Indicó que es un punto interesante saber si el crimen organizado pone, ciegos en los puntos estratégicos porque se vuelven permisibles las personas, y es allí donde hay corrupción y se ven envueltos con el crimen.

“Este lay será como un martillo que venga a romper la impunidad que había en los partidos políticos y políticos en particular para que vuelvan a retomar la confianza de la población”, pronosticó Ferreira.

Aseguró que los mismos partidos políticos están pidiendo a gritos que se haga una depuración en sus organizaciones internas, y sacar aquellos que están dañando el partido y este es un desafío del país, pero no deben de esperar que se los resuelvan de afuera,
La ley limita los gastos de las campañas políticas, pone techo a los donativos, prohíbe donaciones anónimas, regula las contribuciones en especie y establece sanciones fuertes, hasta la disolución de un partido político, según la versión final aprobada por el Congreso Nacional.

Crea también la Unidad Técnica de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización, para investigar a los candidatos, denunciarlos ante el Ministerio Público (MP) y proponer la anulación de su elección en caso que se les compruebe que usaron dinero ilícito para su campaña.

Rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, manifestó “porque la DEA hace alianza, con el crimen organizado y no con la justicia hondureña, esto indica que la justicia hondureña ha fracasado”.

“Debemos considerar que los mismo políticos han estado trabajando a lo interno del Tribunal Supremo Electoral, y por eso es que vemos boletas infladas de 150 a 900 votos por mesa, con esto no están mandando más señales que vengan entes internacionales a realizar las elecciones en Honduras”, expresó.
Indicó que “Pareciera que las mismas prácticas se están repitiendo en los partidos políticos, he visto quejas en unos partidos, más que en otros, y que este un tema que deberá retomar el Tribunal Supremo Electoral (TSE). “Ojalá, continuó, que si hubo irregularidades, que sean sometidos a un proceso de investigación quienes las cometieron, porque de lo contrario siempre van a ser procesos que van a estar sembrando incertidumbre y falta de credibilidad”.

Agregó “cuando digo que el Estado casi ha fracasado es porque sus estructuras han sido penetradas por el crimen, y para que el crimen avance como avanzó en Honduras no es posible si el Estado no está protegiendo estos sectores”.

También, Miguel Cálix, conferencista, comentó “me gusta que haya una toma de conciencia que ya había en el país, pero ahora se puede volver una realidad”.
“Sabemos que hay una serie de cosas en las que Honduras no ha cambiado pero sabemos que hay trabajar para que la justicia exista verdaderamente en el país”, denunció.
Resaltó Cálix “creemos que esta ley es una herramienta muy bonita y que deben de someterse los diputados y políticos pero debemos de tener cuidado para que se ejecute, porque si no se habilita solo quedara en papel”.
Dijo el analista que el pueblo hondureño demanda la integración de una Unidad de Fiscalización de las Campañas Políticas y Partidos Políticos, que sea verdadera y transparente.

Puntos claves de normativa:
Establece un techo equivalente a 200 salarios mínimos para el financiamiento privado en el caso de las personas naturales. Para las personas jurídicas el equivalente a 1,000 salarios mínimos.

Limita a 396 millones de lempiras para la campaña presidencial. El monto del financiamiento será el equivalente al 10 por ciento de la deuda política. Este porcentaje será el que cada partido político con representación en el CN hubiese obtenido en las últimas elecciones generales.