La popularidad de Nayib Bukele comienza a bajar

por Ultima Hora
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En principio. El 21 de octubre pasado, la encuestadora mexicana Mitofsky publicó un ranking de los mandatarios más populares de América; al tope de la tabla, con 71% de aprobación, está el salvadoreño. El tema surge cuando se compara esa cifra con un sondeo similar de marzo 2021, hecho por la misma casa, en el que Bukele aparece con 84% de aceptación. Un bajón de trece puntos en siete meses. En la narrativa bukelista eso no es bueno.

Edwin Segura, jefe de LPG Datos, la unidad de investigación de opinión pública del periódico La Prensa Gráfica, cree que lo complicado para el presidente sería que estos números marquen una tendencia, pero advierte que la comparación de las dos cifras de Mitofsky, la de marzo y la de octubre, aún no son suficientes para hablar de una tendencia a la baja.

“Solo hay dos puntos (de comparación), hay que esperar a que aparezca una tercera medición para confirmar que va en caída. Es una reducción, sin duda, pero no sabemos si es irreversible”, dice Segura.

Dos antecesores de Bukele en la presidencia, Antonio Saca de la derechista ARENA y Mauricio Funes del izquierdista FMLN, también empezaron sus periodos con números altos, aunque ninguno de los dos llegó a tener los niveles de aprobación del presidente actual, según el registro histórico de LPG Datos.

Saca y Funes mantuvieron sus cifras de aprobación bastante constantes en la primera mitad del mando. Los números de Saca empezaron a bajar de forma sostenida a partir de su tercer año.

Vale mencionar que algunos de los asesores de imagen y propaganda de Bukele son los mismos que tuvo Saca, como Ernesto Sanabria, su secretario de prensa, o Porfirio Chica, uno de sus principales propagandistas, quien también fue socio de Christian Guevara, el jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa y uno de los operadores políticos más leales al presidente.

Como sea, el presidente salvadoreño ha sido, hasta ahora, uno de los más populares en la historia política del país, con números que hasta hace muy poco decían que 8 de cada 10 salvadoreños tenían una buena opinión de él y su gestión. Pero, a mitad de su mandato, Bukele ha enfrentado ya las primeras muestras de descontento popular en forma de manifestaciones callejeras que le han reclamado por sus intenciones de reelegirse a pesar de que la Constitución lo prohíbe y por hacer del bitcoin moneda de circulación legal.

Hasta ahora, el aparato de propaganda de Bukele parece haber sido exitoso en contener las crisis políticas y en cambiar la narrativa cada vez que esta ha sido adversa al presidente y su gobierno. A la luz de los números, eso podría estar cambiando.

Para entender la importancia que para Bukele, su gobierno y su narrativa tiene la aceptación del presidente hay que acudir a la conexión emocional que el joven político ha logrado con la sociedad cuyos destinos políticos dirige. Lo explica Amparo Marroquín, catedrática salvadoreña especializada en comunicación política: “Él ha construido una relación emocional con sus seguidores basado en tres estrategias. La primera tiene ver con la fe; él es un elegido. La segunda es encarnar en sí mismo una historia de amor romántico; la sociedad lo ha visto ser novio, esposo, padre… Y finalmente se ha vuelto el vocero de ciertas emocionalidades muy presentes en la sociedad”.

Bukele, estima Marroquín, “dice lo que todos quieren escuchar y posteriormente no importa lo que diga porque ‘es nuestro’, es ‘del pueblo’”.

Ivonne Rivera, catedrática de comunicación social en la Universidad Centroamericana (UCA), también cree que la emotividad es fundamental en la comunicación de Bukele, marcada por “excesiva emotividad, sarcasmo, interpretaciones sesgadas e, carentes de datos que no pasan las pruebas de rigor metodológico en la producción de la información necesarias para ser consideradas como hechos fiables”.

Dice Rivera: “Si el discurso del presidente Bukele y sus planes de comunicación son exitosos es porque también cuenta con la aprobación de muchos salvadoreños que lo ven como una esperanza para reconstruir el país.”

En esa lógica, cifras de aprobación a la baja, que hablen de un inicio de ruptura o desconexión con la emocionalidad del colectivo no son buenas noticias.

Propaganda febril y un fin de año complicado

Desde el 20 de octubre, cuando Mitofsky publicó su encuesta, el aparato de propaganda oficial, encabezado casi siempre por el presidente, no ha parado.

En dos semanas, Bukele puso la primera piedra de un hospital veterinario que dijo se construirá con ganancias de la inversión en bitcoin, anunció remodelaciones en otros dos, reinauguró un proyecto vial en la ciudad más importante del oriente salvadoreño, anunció la reparación de la principal planta potabilizadora de agua del Gran San Salvador, dijo que entregará 200,000 computadoras a estudiantes y adelantó que construirá 20 escuelas, también con ganancias bitcoin.

Por primera vez desde la pandemia se vio al presidente en el terreno, fuera de San Salvador.

Sobre las obras financiadas con las supuestas ganancias del bitcoin, es difícil determinar la veracidad de la aseveración presidencial sobre el origen de la inversión. Además de que la administración Bukele ha imposibilitado el acceso a la información de este tipo por vía de reformas a la ley de acceso a la información pública o por simple bloqueo de sus funcionarios, sigue sin estar claro cuáles son las ganancias reales del dinero público que el Estado ha invertido en la criptomoneda hasta ahora.

Tampoco se sabe, en el caso del bitcoin, cómo se han invertido US$200 millones desviados del presupuesto para hacer funcionar un fideicomiso que, entre otras cosas, alimenta la operación de la aplicación informática Chivo Wallet, con la que el gobierno ha puesto a circular el bitcoin.

Investigaciones periodísticas han demostrado que en Chivo Wallet han metido mano asesores venezolanos de Bukele y que la empresa en la que se alberga la aplicación, financiada también con fondos públicos, hay antiguos operadores de Alba Petróleos, el entramado empresarial creado con dinero de la estatal venezolana PDVSA investigado por lavado de dinero en El Salvador y Estados Unidos.

Y, en el caso de los proyectos de infraestructura anunciados, la mayoría son financiados con fondos gestionados por administraciones anteriores a la de Bukele.

Además, como ya es usual en la narrativa presidencial en ocasiones de crisis, Bukele arremetió contra quienes han recibido etiqueta de adversarios. En esta ocasión, además de volver a cebarse con periodistas críticos a su gestión, la tomó contra su enemigo más reciente: la embajada de los Estados Unidos.

El fin de semana del 30 de octubre, el partido del presidente, Nuevas Ideas (NI), hizo público un audio en el que un hombre que se supone habla en nombre de la sede diplomática se embarca en una aparente negociación para romper la bancada oficial. Acto seguido, el jefe de fracción de NI, Christian Guevara, anunció que harían una denuncia a la Fiscalía, controlada por un acólito de Bukele. En su cuenta de Twitter, el mismo Bukele se encargó de sugerir que el delito a investigar es cohecho activo, equivalente a soborno en la legislación penal salvadoreña.

La embajada se apresuró a negar cualquier vinculación con el audio y con las personas relacionadas a él.

Antes, el 23 de octubre, dos días después de la publicación de Mitofsky, Bukele había usado su cuenta de Twitter para alimentar una confrontación pública con Juan González, el principal asesor de Joe Biden en temas latinoamericanos y quien ha sido uno de los funcionarios estadounidenses que ha criticado la deriva autoritaria del salvadoreño en forma más pública.

González había dicho a una agencia de noticias que Estados Unidos estaba haciendo todo lo posible para que “El Salvador no se convierta en otra Venezuela”, a lo que Bukele respondió cuestionando la política de Washington en Afganistán.

Tras el incidente del audio filtrado por Nuevas Ideas, Rolando Castro, ministro de Trabajo, pidió la salida de Jean Manes, la encargada de negocios estadounidense en San Salvador. Castro es uno de 19 salvadoreños nombrados en la llamada Lista Engel, confeccionada por el Departamento de Estado con nombres de funcionarios señalados por corrupción o vínculos con crimen organizado.

Además de Castro, en la Lista Engel aparecen la jefa de gabinete de Bukele, su secretario jurídico, el ex ministro de Seguridad y el exministro de Agricultura (amigo personal del presidente), así como el jefe de prisiones, señalados por apropiarse de fondos públicos durante la pandemia y de ser el principal operador del pacto entre el gobierno y las pandillas. En una segunda entrega del listado, Estados Unidos incluyó a los cinco magistrados de la Corte Suprema de Justicia impuestos por Bukele y quienes han facilitado el camino a la reelección presidencial.

Desde el primero de julio, cuando la Lista Engel se hizo pública, la tensión entre Washington y San Salvador no ha parado de crecer.

Lo que queda de 2021 no parece sencillo para el presidente. De cara a Washington, según dos diplomáticos estadounidenses consultados por Infobae, se viene una tercera entrega de la lista, que esta vez podría incluir a diputados y a funcionarios más cercanos a Bukele.

En noviembre, además, deben de resolverse las negociaciones entre El Salvador y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por un financiamiento de US$1.2 mil millones, que se estancó luego de que la Asamblea Legislativa dominada por bukelistas destituyó a los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general para imponer funcionarios afines. Las pláticas con el Fondo también sufrieron, de acuerdo con un funcionario del sistema multilateral en Estados Unidos, por la insistencia en la implementación del bitcoin y porque el gobierno salvadoreño no ha dado cuentas de cómo se usaron fondos otorgados por el FMI duranta la pandemia.

A todo esto se enfrentará Bukele en el corto plazo, esta vez con una fisura en la roca más sólida en la que asienta su poder: su popularidad.

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