SEGÚN ECONOMISTAS, HONDURAS URGE DE UN PACTO FISCAL

por Ultima Hora
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En los espacios académicos y económicos se habla de la urgencia de un pacto fiscal para Honduras, término conocido a groso modo por la sociedad, cuya implementación urge desde antes de la crisis económica provocada por la pandemia y por las tormentas Eta e Iota, según expertos.

Para poner en contexto, un pacto fiscal es un contrato social sobre política fiscal, sobre el monto, origen y destino de presupuesto, el cual busca reducir la incertidumbre del gasto público mediante la definición de reglas claras y transparentes, donde se involucre a la mayoría de los sectores de la sociedad.

Este tema fue desarrollado durante el Congreso Virtual de Investigación Científica en Ciencias Económicas “Desafíos económicos, empresariales y tecnológicos en tiempos de crisis”, por Rodulio Perdomo, economista investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), y Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Para Perdomo, este pacto fiscal por Honduras pasa por una construcción de nuevas políticas públicas que promuevan el estado de bienestar, ya que la política fiscal actual, según el investigador, favorece a los ricos y empobrece más a la población al aumentar los porcentajes de los impuestos indirectos “se le grava más a las compras de bienes de consumo, mientras que a las ganancias se les grava poco”.

“La política fiscal sirve para enriquecer, pero también sirve para empobrecer, no se puede construir un país con palancas sociales si la política fiscal empobrece”, subrayó el experto, quien amplió que la actual política fiscal se diseñó para proteger y dar privilegios a los que más tienen.

Estos privilegios, según Perdomo, se reflejan en exoneraciones y concesiones, figura económica conocida como gasto tributario o sacrifico fiscal que en Honduras ronda por el 16.34% del Presupuesto General de la República, esto representa más de 46 mil millones de lempiras.

Las exoneraciones y concesiones las gozan los  inversionistas agroexportadores, generadores de energía, empresas hoteleras, maquiladoras, fundaciones, ONG, iglesias y comidas rápidas, desglosó el investigador del Fosdeh.

El experto lamentó que en el país, empresas transnacionales que antes pagaban 4 millones de dólares en concepto de impuestos, en el 2020 solo pagó 100 mil dólares.

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Por su parte, Rodríguez planteó la necesidad de revisar este sacrificio fiscal (concesiones y exoneraciones), crear  mecanismos que eviten la evasión del fisco ya que por este concepto el Estado deja de percibir más de 30 mil millones y la corrupción, flagelo que provoca la desviación de 54 mil millones de lempiras.

El académico planteó que en el pacto fiscal se debe involucrar a todos y recordó que la UNAH viene proponiendo un pacto por Honduras en todos los boletines económicos que ha redactado durante la pandemia.

“Este pacto debe presentar estrategias y lineamientos que orienten una ruta de desarrollo, puesto que en estos momentos de crisis, el país carece de un plan de desarrollo, no existen objetivos nacionales, no hay metas ni rumbos y eso se ve reflejado en el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021”, manifestó el economista.

Con respecto a las exoneraciones y concesiones, Rodríguez concluyó que las mismas deben cumplir los objetivos de generar riqueza y empleo en el país, se debe monitorear su cumplimiento, deben contribuir a la reducción a la pobreza.

Definición e Implementación

Un pacto fiscal es un acuerdo político de los distintos sectores sociales mediante el cual parte de la agenda pública es convertida en programas y políticas de Estado. El acuerdo también debe determinar la cuantía de los recursos públicos requeridos, su origen y las reglas de su asignación y ejecución”. (Lahera, Eugenio, 2000: un nuevo pacto fiscal: la propuesta de la CEPAL. Elaborado para la Comisión Económica para  América Latina y el Caribe, CEPAL), citado por Segura Rodríguez y Asociados.

De esta definición de Lahera se desprende que un pacto fiscal constituye un acuerdo que trasciende lo puramente económico, y toca lo político y lo social, porque implica una discusión profunda no solo sobre el monto, el origen y el destino de los recursos públicos, sino también sobre el estilo de sociedad que se debe construir en materia de política fiscal, social y económica. Es decir que un pacto fiscal tiene que ser capaz de permitir definir la orientación de la política fiscal mediante una agenda de reactivación económica que incluya la revisión de la estructura impositiva, en cuanto a equidad y progresividad de los impuestos, tasas, deducciones, exenciones y exoneraciones, transparencia y rendición de cuenta.

Los mejores ejemplos de países con  pacto fiscal que han mostrado ciertos niveles de éxito son: el pacto fiscal firmado en marzo de 2012 por veinticinco países de los que integran la Unión Europea, para consagrar la austeridad en los tratados. También el caso de Guatemala, cuyo pacto fiscal data del año 2000 y que le sirvió a ese país como pilar esencial para los acuerdos de paz. El caso de  Costa Rica es otro ejemplo importante, pues tiene un pacto fiscal que data del año 2002 y que le ha permitido establecer políticas concretas de protección al medio ambiente e incentivar las exportaciones.

Igualmente el caso de Paraguay, que estableció el “Acuerdo para fomentar la Formalidad, Competitividad, Equidad y Responsabilidad Fiscal” mediante un pacto fiscal, firmado en el 2003. El caso de El Salvador, cuyo pacto fiscal, firmado en el 2003, ha servido a ese país como Guía del Presupuesto General para el Ciudadano, y finalmente el caso de Argentina, que en 1992 firmó el Pacto Fiscal Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento.

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